Que la ciudad importe

Estamos en periodo electoral, el momento en el que la política pone sobre la mesa las cuestiones que tiene en agenda, bien por ser temas ligados a la base ideológica de los distintos partidos, bien porque la actualidad, la ciudadanía, o la movilización de otros actores, consiguen introducir aspectos concretos.  En esta campaña estamos viendo que esto último ha sucedido en relación a temas como el de la despoblación de la España interior, una cuestión que hasta ahora había quedado fuera de la atención política.  También en base a esto la igualdad de género o el cambio climático están recibiendo una atención diferente a la que recibieron en campañas anteriores. 

En este contexto es de interés preguntarse qué están proponiendo los distintos partidos en relación al tema urbano, a la “Ciudad”, una cuestión relevante que viene ganando visibilidad en la escena internacional, sobre la que muchos países están poniendo el foco de sus políticas de manera creciente por iniciativa propia y en el marco del impulso dado por Naciones Unidas, y en concreto por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la Nueva Agenda Urbana.

Si bien el tema  urbano no consigue ser percibido como de importancia en general por la opinión pública de nuestro país  y existe la percepción de que las tareas de un futuro Gobierno quedan lejos de las competencias relativas al ámbito urbano (que, es cierto, se sitúan casi completamente en el marco de actuación de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos), es también verdad que la mirada que tengan los partidos que formen ese Gobierno en relación a la ciudad determinará cuestiones que incidirán de manera importante en los presupuestos e instrumentos con que contarán los municipios para afrontar sus retos y problemáticas en el corto plazo y muy especialmente a partir de 2021.  Esto es debido a distintas cuestiones.  Sin ánimo exhaustivo y por la oportunidad que suponen, es relevante destacar las siguientes:

• España acaba de ultimar su Agenda Urbana, un documento estratégico, no normativo, que fue iniciado por el Ministerio de Fomento bajo el liderazgo del Ministro Íñigo de la Serna (PP) en 2017 y que ha sido presentado recientemente (febrero de 2019) por el Ministro José Luis Ábalos (PSOE). Tiene como objetivo principal avanzar hacia un futuro urbano más sostenible, declarándose alineado con la Agenda 2030, los ODS y la Nueva Agenda Urbana, así como con el marco de elaboración de la Agenda Urbana para la Unión Europea.  Por su naturaleza voluntaria, y en base al poco seguimiento y difusión con el que contaron documentos que pueden ser considerados sus antecedentes directos (como la Estrategia Española para el Medio Ambiente Urbano –EEMAU-, o la Estrategia Española para la Sostenibilidad Urbana y Local –EESUL- del Gobierno Zapatero), es difícil predecir su capacidad transformadora y de generar impacto a medio plazo.  Esto dependerá en gran medida del impulso y visibilidad que le dé el próximo Gobierno, lo que a su vez estará determinado por el nivel de apoyo político al enfoque de la Agenda y a los contenidos que propone, así como por la puesta en marcha de posibles mecanismos de financiación al alcance de las ciudades (en coordinación con las Comunidades Autónomas) para incentivarlas a implementar las propuestas de la Agenda.
• En relación a esto último se dibuja en el horizonte una oportunidad interesante y realista: en el momento presente sigue en marcha a nivel de las instituciones de la Unión Europea la toma de decisiones en relación a la distribución del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 que se concretará en el llamado Marco Financiero Multianual. La Comisión Europea ha propuesto que cada Estado Miembro tenga que destinar de manera obligatoria el 6% de su asignación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a acciones relacionadas con el desarrollo urbano sostenible, una dotación superior a la que se está dedicando en el periodo actual 2014-2020 (5%).  En este marco, en el momento presente se están financiando 181 Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) en otras tantas ciudades o áreas urbanas de nuestro país.  Al igual que pasó con las EDUSI en el periodo anterior a 2014, el Gobierno que salga de las elecciones tendrá que definir los instrumentos a través de los que implementará las acciones financiadas por ese 6% del FEDER en relación al reto urbano.  Esto lo hará fuertemente determinado por su posicionamiento en relación a la ciudad, lo que abre algunas cuestiones: ¿Se dará prioridad a actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de nuestras ciudades y su capacidad de atraer inversión? ¿se dará lugar a la creación de uno o varios instrumentos para la regeneración urbana que pongan el foco en la vulnerabilidad y en revertir los procesos de segregación, con una mirada centrada en las periferias? También serán determinantes los temas a los que se dará prioridad en relación al gasto de la dotación comunitaria, así como el enfoque para la implementación de las medidas.   Es verdad que la regulación de la UE establece un marco que delimita la capacidad de acción por parte de los Estados Miembros, pero hay que tener en cuenta que estos últimos tienen margen suficiente para “diseñar” dentro de ese marco instrumentos que persigan prioridades estratégicas propias.  En el periodo 2021-27, dado el aumento de la desigualdad en nuestras ciudades, sería relevante que el nuevo Gobierno se planteara diseñar instrumentos que den a los ayuntamientos margen de actuación para mejorar sus barrios más vulnerables con un enfoque centrado en las personas, algo que por otro lado es coherente con los objetivos de la Política de Cohesión de la UE.
• Más allá de esto, el Gobierno tendrá que dar respuesta a cuestiones que afectan de modo importante a las ciudades decidiendo, por ejemplo, si en el marco que abordará la cuestión del cambio climático se dará cabida a instrumentos específicos orientados (en coordinación y con la colaboración de las Comunidades Autónomas) a apoyar a las ciudades en la elaboración e implementación de sus planes de mitigación y adaptación al cambio climático. Un estudio publicado en 2018 en el que se analizó la acción a este respecto de las 109 ciudades de mayor población del país puso de relieve que sólo once tenían un plan de mitigación; sólo ocho habían desarrollado su plan de adaptación;  y cuatro contaban con un plan que abordaba ambas cuestiones conjuntamente.  A la necesidad de que desde los niveles superiores de gobierno se generen marcos de apoyo a las ciudades en torno a esta cuestión, se suman también otras temáticas que el nuevo Gobierno tendrá que atender y que en base al adelanto electoral se han quedado en espera.  Emerge como clave la necesidad de contribuir a frenar el encarecimiento de la vivienda.

Entender cómo se abordarán estas y otras problemáticas relativas a la ciudad, así como las muchas y esperanzadoras posibilidades encima de la mesa para avanzar hacia un futuro urbano más sostenible e integrador, emerge hoy como cuestión importante.  La campaña que se está desarrollando ante los medios no está poniendo el foco en esta temática, por eso es relevante acudir a los programas que han elaborado los partidos y sacar conclusiones de lo que propone cada uno (como ha sucedido en ocasiones anteriores, no dedican mucho espacio a este tema, pero la manera de tratarlo permite entrever las diferencias de posicionamiento). La mirada de los partidos hacia la “Ciudad” orientará el enfoque de actuación, las medidas y el presupuesto asociado que las hará posibles a medio plazo para avanzar hacia un sistema de ciudades más sostenibles, y establecerá la orientación de España hacia el tema urbano a nivel de las instituciones europeas para el futuro próximo.  A lo largo de una campaña electoral más esta cuestión, que afecta tanto a urbanitas como a los habitantes del medio rural (que gravitan sobre ciudades intermedias), está pasando completamente desapercibida, con el riesgo de que tras las elecciones se perpetúe la insuficiente atención hacia el tema urbano que ha venido caracterizando la acción política a nivel de país en las últimas décadas.