¿La "CIUDAD" en la agenda política?
El siglo XX se cerró volviendo su mirada a las ciudades, una tendencia que se ha reforzado en base a los desafíos que el inicio del s. XXI está planteando en el escenario internacional. Cuestiones como el aumento de la pobreza urbana, el papel central de las ciudades en la economía, la innovación y la cultura, o su impacto medioambiental y la lucha contra el cambio climático, las han apuntado como la arena política e institucional clave para afrontar muchos de los principales retos actuales y futuros. A todo esto se suma el papel territorial que juegan, al constituir (sobre todo las de medio y pequeño tamaño) el ámbito donde se prestan muchos de los servicios que sostienen las realidades rurales que gravitan sobre ellas. En el caso español son cruciales para evitar la despoblación de multitud de comarcas.
Estas y otras cuestiones permiten entender la relevancia que ha ido ganando el tema urbano desde los años ochenta del siglo pasado, lo que ha venido contrastando en algunos marcos nacionales de la Unión Europea con la falta de una suficiente atención al mismo a través de políticas específicas. Me refiero a políticas explícitas orientadas a apoyar a las ciudades a afrontar la gran responsabilidad que recae sobre ellas al tener que dar respuesta a retos globales en el terreno de lo local. Ya en los noventa Peter Hall señaló que los efectos que los cambios económicos, sociales y espaciales estaban produciendo en las ciudades dependían, entre otros factores, de las políticas nacionales. La Carta de Leipzig (2007), que ha influenciado de manera importante la definición del modelo de desarrollo urbano en la Unión Europea, pone el acento en la necesidad de que las políticas a nivel de país contribuyan a avanzar en el desarrollo urbano sostenible desde un enfoque de gobernanza multinivel en el que se dé la colaboración de todos los niveles de gobierno. Contribuir a abordar los retos mencionados desde una visión integrada y acordada a escala de país y/o de región, en función del marco institucional y el reparto de competencias, emerge hoy como una cuestión clave si se quiere avanzar hacia escenarios más equitativos y sostenibles, mantener la prosperidad, adaptarse a las nuevas necesidades (aprovechando las oportunidades que plantean), y ponerse en camino hacia escenarios más resilientes.
España es uno de esos marcos donde la falta de políticas específicas en relación a este tema se explica desde un conjunto de razones entre las que cabe destacar la tradicional falta de presencia del tema urbano y territorial en la agenda política nacional y, en gran medida, también en la regional. Sólo algunos pasos dados por el Gobierno en momentos muy concretos, como el intento de poner en marcha una Política de Ciudades en el marco del Plan Director de Infraestructuras de 1993, y la acción de algunas Comunidades Autónomas pioneras constituyen una excepción a esa realidad. Esta circunstancia está fuertemente relacionada con la falta de introducción de esta cuestión en el debate político a nivel de país, y su insuficiente presencia en los programas electorales de los partidos. Si hacemos memoria de campañas electorales pasadas, cuestiones sustantivas relacionadas con el tema urbano (como el modelo de ciudad, el modelo de territorio, la relación urbano-rural, etc.) no han ocupado apenas espacio de debate y reflexión, una circunstancia que choca con el hecho de que en España, según Eurostat, en torno al 75% de la población vive en ámbitos urbanos.
Desde mi posición de ciudadana interesada en esta cuestión he seguido con atención como otros países de nuestro entorno han desarrollado instrumentos a este respecto y también como el tema iba ganando peso en la agenda política de algunos de ellos, algo que en ciertos casos se acompañaba de un mayor interés por el mismo en la opinión pública. Por ejemplo, es interesante a este respecto la atención que el tema urbano empezó a recibir en Italia hace algunos años. Uno de sus episodios se ha desarrollado a través de una labor que me atrevo a denominar de “pedagogía política” en la que jugaron un papel fundamental diversos actores, entre ellos el arquitecto Renzo Piano. Se trata del denominado Bando Periferie, aprobado por el Gobierno Renzi en 2016 y que ponía al alcance de los ayuntamientos y las ciudades metropolitanas recursos para regenerar sus periferias degradadas. Este espacio de acción política, por donde se introdujo el tema urbano en la agenda nacional, derivó en que al final de ese año se aprobaran 120 proyectos que querían transformar a través de pequeñas intervenciones muy estudiadas ámbitos de gran vulnerabilidad en ciudades de toda Italia. Como era de esperar los ayuntamientos y otros agentes que operan a nivel local dieron la bienvenida a la iniciativa, en un marco donde tanto el número de proyectos como su enfoque ponían de relieve el potencial de la misma. Este inicio esperanzador se ha visto truncado con el bloqueo de la mayor parte de los fondos destinados a los proyectos por parte del nuevo Gobierno en septiembre de este año, dejando el Bando en suspenso (en principio hasta 2020) y haciendo peligrar los compromisos asumidos por los ayuntamientos con los distintos actores, sobre todo con la ciudadanía. Renzo Piano, preguntado por el tema en una entrevista publicada por el diario La Repubblica, ha sugerido dar lugar a un “Pride de las Periferias” de carácter reivindicativo para poner en valor y recuperar el compromiso adquirido, llamando la atención sobre lo crucial de que los niveles superiores de gobierno generen marcos que contribuyan a abordar las principales problemáticas de las ciudades (con una especial atención hacia las áreas más vulnerables). Su llamada pone también el foco en el importante papel que tiene que jugar la ciudadanía, haciendo visibles sus reivindicaciones en relación a este tema y contribuyendo a construir un marco de reflexión conjunta sobre la “Ciudad”.
Los nuevos procesos de agenda urbana que se están desarrollando en el presente, y que están dirigiendo la atención política a las ciudades en el escenario internacional, constituyen un paso importante para avanzar en la construcción de ese marco de reflexión sobre el tema urbano también en el caso español. Así, el impulso dado por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (2015) y la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas (2016), junto al proceso de construcción de la Agenda Urbana para la Unión Europea (iniciado en 2016), están enmarcando la construcción de la Agenda Urbana Española por parte del Ministerio de Fomento. Asimismo, algunas Comunidades Autónomas están desarrollando su propia agenda urbana (Andalucía ha sido la primera en aprobar la suya en septiembre de este año y otras, como el País Vasco y Cataluña, están preparándola). También muchas ciudades españolas están abordando la definición de su modelo de desarrollo urbano en clave de un proceso de agenda. Esta actividad incipiente, y todavía no suficientemente coordinada entre administraciones, tiene el potencial de cambiar el escenario presente, propiciando la entrada definitiva de la cuestión urbana en la agenda política y dando lugar a espacios desde donde la ciudadanía y otros actores puedan contribuir de manera activa a su parte del desafío. La temática y las oportunidades que se presentan al abordarlo requieren que esta actividad sea realmente transformadora, que pase en el plazo más corto posible del discurso a la práctica. El reto es grande y apasionante, y necesita de la implicación de todos. El tiempo dirá si como sociedad supimos entenderlo.
